, SANTO DOMINGO.- La jueza de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), rechazó el recurso de oposición interpuesto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la resolución número 6/2021, emitida el pasado 16 de marzo, y en consecuencia, ratificó su decisión de acoger la solicitud de la Cámara de Cuentas que le sean entregadas copias certificadas de los interrogatorios practicados al presidente de la entidad, y otros dos de sus miembros, así como también las actuaciones procesales relativas al expediente.
Un comunicado de prensa remitido por la Cámara de Cuentas establece que la magistrada María Garabito Ramírez, ordenó al licenciado Wilson Camacho, poner en manos de la defensa técnica de la CCRD, encabezada por los abogados Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Danae Mercado los interrogatorios realizados a Hugo Álvarez Pérez, Carlos Noés Tejada Díaz y Henry Bautista Santana, además de todos los elementos probatorios que hayan recabado en la investigación de que han sido supuestamente objeto.
Agrega que, dentro de las motivaciones ofrecidas en su decisión, la Jueza de la Instrucción Especial sostuvo que la Cámara de Cuentas se encontraba en indefensión con la actitud asumida por el Ministerio Publico, debido a que la participación y el acceso que ella debe tener no es una concepción sujeta a la voluntad antojadiza del Ministerio Público, sino un derecho que tiene a participar y tener acceso a todos los actos de la investigación durante la fase preparatoria y las demás del proceso.
La defensa de la Cámara de Cuentas alegó que requieren de los documentos solicitados en razón de que son de vital interés para derivar adecuadamente las acciones constitucionales y legales que se propone interponer el órgano de control externo con motivo del cuestionado allanamiento a su sede institucional del pasado 22 de febrero del 2021.
El pasado 23 de febrero la Procuraduría General de República Dominicana allanó la sede de la Cámara de Cuentas, en medio de una investigación por corrupción en contra de varios de sus miembros, entre ellos su presidente, Hugo Álvarez Pérez.
En un comunicado, el Ministerio Público informó de que las acciones forman parte de la Operación Caracol, puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuyo titular, Wilson Camacho, encabeza el allanamiento.
