Yanio Concepcion: Urge liberar la propuesta de ley cooperativa de la Carpeta Legislativa

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Por: Yanio Concepcion

Amanecerá el día que se reconozca el rol estelar que juega el Cooperativismo en las actividades económicas, sociales y ambientales de República Dominicana. Los aportes al desarrollo del país propiciado por las múltiples cooperativas reflejan los resultados de una doctrina social que conlleva educar en la disciplina del ahorro y motivar el trabajo asociativo para crecer en nuestra propia tierra, preservando siempre un accionar fundamentado en los valores y principios universales del cooperativismo.

La nueva propuesta de ley cooperativa que crea el Código Cooperativo Dominicano y transforma el Idecocop en una Superintendencia de Cooperativas (SUPERCOOP) bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, es un anhelo de todos los cooperativistas, quienes esperan que el Congreso Nacional libere de su carpeta legislativa el pedimento que por años estamos sosteniendo,  es preciso que se tome la decisión de apoyar este gran avance que fortalecerá la regulación de este modelo de empresa y su integración socioeconómica en el desarrollo de nuestro país.

En la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el pueblo se “asoció” en la formación de las cooperativas, amparado en la ley 3431  del 18 de noviembre, del 1952 “sobre asociaciones de cooperativa” y con la llegada al país de  los sacerdotes de la congregación  Scarboro de Canadá, el auspicio de la iglesia Católica dirigida por el entonces  Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo Ricardo Paolo Pittini Piussi, se impulsó un sólido fortalecimiento en la creación de cooperativas en las parroquias.

Así se constituyó la primera cooperativa autorizada en la tiranía en República Dominicana, el primero de octubre de 1946, en la comunidad de Manoguayabo, con el lema “la educación y enseñanza de la práctica del ahorro”, con un capital de 80 centavos y once socios, guiada por el Padre Alfonso Chafe y la mentoría Scarboro Rev y Johnn Harvey (Pablo) Steele.

Para el año 1954 existían en el país 62 cooperativas con 12,086 asociados, contando con el respaldo económico del presidente Trujillo, que les facilitó una subvención anual de siete mil pesos (RD$7,000.00) para la Escuela Cooperativa.

Desde ese entonces y de esta manera, la población está caminando en el cooperativismo, con sus propios objetivos, pero con poca atención de las autoridades, las cuales no alcanzan a ver la realidad que representa el cooperativismo dominicano.

Hoy día, la ciudadanía está integrada a las cooperativas alcanzando una membresía de dos millones doscientos mil asociados, incidiendo en el 21.43% de la población dominicana, e impactando el 43.92% de la población económicamente activa, con mil quinientas (1,500) cooperativas y grupos a nivel nacional, lo que representa una movilización de recursos financieros de más de ochocientos mil millones de pesos anuales, para un índice superior al 7% del Producto Interno Bruto (PBI)

Esto refleja el avance y comportamiento de un movimiento socioeconómico de un sector que merece la atención de los legisladores para que asuman la tarea de actualizar el marco jurídico que data del 1964, para la regulación de las cooperativas con la ley 127-64 y la ley 31-63 que crea el Idecoop como organismo de fomento, supervisión y fiscalización.

Con el avance del Cooperativismo dominicano, esperamos que los poderes públicos, impulsen como país dignatario de la ONU la adopción de medidas que fomenten la presencia de nuevas cooperativas en el desarrollo rural, que es el más carenciado del país.

La Constitución de la República en su artículo 222 contempla claramente la Promoción de iniciativas económicas populares. “El Estado reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares al desarrollo del país; fomenta las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional; incentiva y protege el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos”.

Es el momento de actuar, legisladores ungidos en su facultad para responder al país, es su oportunidad para definir el desarrollo y la nueva visión del sector cooperativo dominicano. También es la oportunidad de actuar para el Estado que lamentablemente ha mantenido huérfano a un cooperativismo dominicano, que ha crecido de forma constante en la competitividad financiera, y ha asumido una potencialidad económica admirable en la zona rural y urbana. Ahora solo esperamos un marco jurídico adecuado a la identidad cooperativa y economía social que nos ayude a enfrentar todo tipo de crisis económica, social y climática.

Hoy más que nunca necesitamos avanzar a nivel competitivo y ser una opción para el desarrollo sostenible e integral, en el marco de la economía social y solidaria, constituyéndonos en una fuerza empresarial amparada en los valores y principios universales cooperativos establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), organización de carácter consultivo de la ONU e institución que une y representa a todas las cooperativas del mundo.