Desde este 3 de noviembre se vence el plazo legal que le permitía al Gobierno de EE.UU. realizar sus ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental sin el permiso del Congreso, según reportaron sitios especializados del país norteamericano.
Dado que el presidente de EE.UU., Donald Trump, notificó el 4 de septiembre al Congreso sobre el primer ataque a una supuesta lancha que transportaba drogas a EE.UU. el 2 de septiembre, el tiempo de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 lo obliga a cesar sus operaciones.
La normativa contempla el fin del uso de la fuerza, a menos que el Congreso haya declarado la guerra o promulgado una autorización específica para el empleo de los militares; que haya prorrogado por ley el plazo de 60 días; o que se encuentre físicamente incapacitado de legislar por un ataque armado contra el país.
Para extender el período legal Trump tenía que certificar ante el Congreso «una necesidad militar ineludible» que requiriera «el uso continuado» de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. para velar por su «seguridad». Hasta el momento no hay constancia de que lo haya presentado.
«No esperamos que el presidente ponga fin al uso de la fuerza conforme a este requisito», avisaron los exabogados del Departamento de Estado, Rebecca Ingber y Jessica Thibodeau, en un artículo publicado recientemente en Just Security.
De hecho, la Administración Trump considera que no está sujeta a la Resolución de Poderes de Guerra y puede continuar con los ataques militares sin la aprobación del Congreso, según informaron a CNN dos fuentes del Congreso familiarizadas con el asunto.
