Terrenos de Bahía de las Águilas retornan al Estado; Gobierno considera “día histórico y de gran alegría”

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El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció este viernes que a partir de hoy los 362 millones de metros cuadrados de Bahía de las Águilas, en la provincia de Pedernales, que habían pasado a manos particulares han retornado a ser propiedad del Estado dominicano.

El anuncio fue hecho luego que esta mañana la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fallara a favor del Estado anulando la totalidad de los deslindes y títulos obtenidos “de forma fraudulenta por los reclamantes de derechos sobre dicha porción de terreno”, afirmó el ministro Montalvo durante una rueda de prensa en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.

Este es un día histórico y de gran alegría para la República Dominicana”, afirmó Montalvo.

“Esto es algo que nos llena de satisfacción y, sobre todo, es una muestra de lo que se puede lograr con voluntad política, con transparencia y poniendo en primer lugar los intereses del pueblo dominicano”, expresó el funcionario.

Junto al ministro de la Presidencia, en la información ofrecida en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, estuvo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

Caso Bahía de las Águilas tenía 21 años

Entre 1992 y 1995 varios funcionarios del gobierno de entonces y del registro de títulos de Barahona, en contubernio con algunos allegados, generaron títulos irregulares a favor de particulares, incluyendo terrenos del Parque Natural Jaragua, violando así tanto las leyes inmobiliarias como las leyes medioambientales.

Posiblemente en ese momento, este grupo pensó que podría burlar la ley y quedar impune.

Sin embargo, no fue así, porque en 1997 la Dra. Piky Lora, como abogada del Estado, inició un proceso para recuperar estos bienes que son propiedad de todos los dominicanos.

El Presidente Danilo Medina, en el año 2013, decidió continuar con la demanda e impulsarla de manera definitiva y prioritaria, dedicando los recursos humanos y económicos necesarios para darle seguimiento y llegar hasta el final.

Ese proceso legal, que habría de durar 21 años, lo continuaría su hija, la también abogada Laura Acosta, que siguió defendiendo desde el 2013, los intereses del Estado en los tribunales de manera incansable