Ortega se compromete a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días

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Cuando se cumplen once meses de crisis política en Nicaragua, el régimen que lidera el sandinista Daniel Ortega se comprometió a liberar en un plazo no mayor a 90 días a los centenares de detenidos en el marco de las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, a cambio de destrabar las negociaciones con la oposición y levantar las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos contra el Gobierno de Ortega y funcionarios cercanos, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. La noticia genera muchas expectativas, en momentos en los que Ortega está sometido a una fuerte presión internacional.

La decisión de liberar paulatinamente a los detenidos —considerados presos políticos en Nicaragua— se dio tras las gestiones del representante del Vaticano en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Rosadilla, quien participaría como observador internacional en la mesa de negociación, nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El 15 de marzo, Almagro envió una carta al canciller Denis Moncada en la que informaba de que la OEA estaría dispuesta a participar en las conversaciones solo si se liberaba a todas las personas consideradas como presos políticos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que publicó un demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas en Nicaragua.

La tarde del miércoles el Gobierno dio a conocer la que será la agenda de negociación con la opositora Alianza Cívica, que incluye temas que hasta ahora Ortega no estaba dispuesto a discutir, entre ellos las reformas electorales. Aunque en el documento oficial no se menciona adelanto de elecciones, fuentes cercanas a las negociaciones dijeron que ese será un tema prioritario en las conversaciones. “Para el Gobierno está claro que ese es el punto importante, el adelanto de elecciones, pero no quisieron ponerlo porque es muy fuerte para ellos admitirlo”, dijeron estas fuentes.

Entre los temas de agenda también está “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, en un país donde las protestas están ilegalizadas por el régimen desde septiembre del año pasado y cualquier indicio de manifestación es sofocado con violencia, como quedó demostrado el sábado, cuando la policía, controlada por Ortega, apresó a más de 160 personas que pretendían participar en una marcha para exigir la liberación de los detenidos.