Escandaloso: Someten a la justicia a la coordinadora de la Fiscalía de La Vega por sustracción de vehículos chatarras y armas de fuego

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Yuderky Altagracia Cabrera Escarramán, quien se desempeñaba como coordinadora de la Fiscalía de La Vega, es acusada de sustraer junto a varias personas varios vehículos chatarras y armas de fuego que se encontraban en custodia bajo la modalidad de evidencias materiales de procesos penales en investigación y de casos ya procesados.

Así lo informó el Ministerio Público, que informó que los mismos fueron recuperados en el transcurso de la investigación y arrestadas otras cuatro personas, que serán sometidas a la justicia.

De acuerdo a la Fiscalía de La Vega, Cabrera Escarramán, aprovechando la reducción de empleados que se encontraban laborando en ese órgano, como parte de las medidas preventivas para contrarrestar la propagación del coronavirus (COVID-19), habría sustraído varios de los vehículos chatarras y armas de fuego bajo custodia del MP.

En ese sentido, la entidad solicitó al juzgado de Atención Permanente de esa jurisdicción la declaratoria de complejidad del proceso y la imposición de 18 meses de prisión preventiva en contra de Cabrera Escarramán y su hermano Aleudy Cabrera Escarramán, así como Gilberto Manuel Burgos, José Aníbal Abreu y Wilson Rafael Vargas Rosa, quienes por la gravedad de los hechos, podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.

El grupo fue sometido a la justicia en adición al proceso seguido en el caso del encartado Wilson Rafael Vargas Rosa, quien fue arrestado el pasado 21 de julio y presentado ante dicho tribunal, siendo aplazada la audiencia para el conocimiento de la medida cautelar, igualmente, consistente en prisión preventiva, para el próximo miércoles 29 de julio.

La fiscalía indica que en el  transcurso de la investigación se ha establecido que Yuderky Altagracia habría vendido los vehículos a Vargas Rosa, esto con ayuda de su hermano Aleudy y que de igual forma, con asistencia y ayuda de Wilson Vargas, habían sustraído de la Oficina de Control de Evidencia varias armas de fuego.

El Ministerio Público informó que han establecido que el imputado Manuel Burgos, quien admitió su participación en el hecho delictivo, fungía como intermediario en la venta de armas de fuego, acciones cometidas conjuntamente con los encartados Vargas Rosa y Aníbal Abreu, “éste último quien habría comprado la cantidad de 10 armas de fuego procedentes del robo practicado en la Fiscalía de La Vega por la suma de 85 mil pesos”.

Además durante las pesquisas se han sido realizados varios allanamientos en residencias y otras propiedades de los imputados con autorización judicial en el transcurso de los cuales fueron recuperados cuatro vehículos, incluyendo yipetas y furgonetas, que habían sido sustraídos de un depósito de almacén fuera de las instalaciones de la Fiscalía de La Vega, así como una pistola marca Bersa, una caja de cápsulas y cargadores que fueron sustraídos de la Oficina de Control de Evidencias de esa dependencia.

Igualmente fueron confiscados dinero en pesos y dólares, siete relojes de diversas marcas y otras joyas, varias tarjetas de crédito de diferentes bancos y documentos personales, además de decenas de celulares y otros aparatos electrónicos, entre otros objetos.

El Ministerio Público dijo que profundiza las investigaciones, al tiempo de informar que contra los imputados han obtenido diferentes evidencias documentales, materiales, testimoniales e ilustrativas vinculantes al condenable hecho delictivo.

Sostuvo que, por el entramado criminal, el caso debe ser declarado complejo y enviar a prisión por un período de dieciocho meses a los imputados en virtud de la evidente existencia del peligro de fuga y porque es la única medida que garantiza su presencia a todos los actos de proceso y que los mismos no distraigan evidencias y bienes que sean producto del delito.

Señaló que al grupo se le atribuye la comisión del tipo penal de asociación de malhechores, robo agravado y tráfico de armas en violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, lo cual podría conllevar una sanción de hasta 20 años de prisión.