En nuestro país, en todas las administraciones gubernamentales de los últimos años, se ha puesto de moda que muchos funcionarios que dirigen instituciones publicas, ministerios, alcaldías y departamentos del Estado, se auto asignan, gestionan y compran reconocimientos, medallas de oro, placas, etc., por supuestamente tener un excelente desempeño en el manejo de los recursos públicos, por su cumplimiento ético, en transparencia, en rendición de cuentas y, por algo muy cantaleteado, por enfrentar la corrupción. La mayoría de ellos utilizan esta estrategia cuando buscan la elección de un cargo publico: la Presidencia de la República, una senaduría o una alcaldía.
Muchas veces, por las relaciones que mantienen con el Ministro de Administración Pública de turno, a través de una campaña publicitaria en los medios de comunicación, lo convencen para que este le otorgue un reconocimiento o una medalla al mérito, así como a la institución que dirige, sin antes investigar ni exigir un informe convincente de los órganos de control del país, como lo es la Cámara de Cuentas de la República, la Contraloría General, el Control Social, el Congreso Nacional o de la Dirección General de Ética Gubernamental.
Algunos llegan más lejos y son más creativos. Gestionan en el exterior del país, con algunas de las empresas que se dedican a vender reconocimientos, placas, trofeos; que organizan eventos internacionales y a la entrega de los mismos a las instituciones públicas que lo solicitan, por supuestamente haber tenido una buena gestión y un excelente desempeño ético, moral y de transparencia.
La mayoría de las veces esas empresas no conocen a la institución pública que solicita dicho galardón, cómo ha sido su administración y mucho menos, al funcionario que la dirige.
Cuando estos casos suceden, la institución que dice ser premiada o reconocida, gasta una enorme cantidad de dinero en la delegación que viaja a recibirlo y en una enorme campaña publicitaria por radio, televisión, periódicos y redes sociales, lo que constituye un acto de irresponsabilidad y de corrupción pública.
Lamentablemente, estas instituciones públicas, así como los funcionarios que las dirigen, que supuestamente han sido reconocidas por un excelente desempeño ético y transparente, terminan siendo sometidos a la justicia y acusados por el Ministerio Público de enormes actos de corrupción administrativa, luego de una gran investigación periodística. Es decir, que con estos reconocimientos, lo que se procura es tratar de ocultar la podredumbre existente en la misma por todas las violaciones cometidas a los controles establecidos. Con lo menos que cumplen es con el Código de Ética Gubernamental
Para muestra tenemos algunos botones. El caso de Maxy Montilla y las Edes (Ede Sur, Ede Norte y Ede Este), cuyos directores fueron reconocidos en su momento, como modelos de gestión, no solo en nuestro país, sino, en playas extranjeras. Asímismo, tenemos el caso del Seguro Nacional de Salud- SENASA y su director, el doctor, Santiago Nazim. Hay muchos casos más, pero por razones de espacio, lo dejaremos para una próxima edición.
