Un gran jurado federal de San Antonio presentó una acusación formal contra el conductor del camión Homero Zamorano Jr. y Christian Martínez. La Fiscalía General podría autorizar a los fiscales a solicitar penas de muerte. También fueron acusados por posesión ilegal de armas Juan Claudio D’Luna-Méndez y Juan Francisco D’Luna-Bilbao.
Dos estadounidenses y dos mexicanos fueron acusados este miércoles en el caso del camión hallado el mes pasado en San Antonio en el que murieron 53 migrantes, el incidente de tráfico de personas más mortífero de la historia de Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia.
Un gran jurado federal de San Antonio acusó al conductor del vehículo Homero Zamorano Jr., de 46 años, y a Christian Martínez, de 28 años, ambos de Palestine, Texas, de los cargos de transporte y conspiración para el transporte ilegal de migrantes con resultado de muerte, y de transporte y conspiración para el transporte ilegal de migrantes con resultado de lesiones graves, según un comunicado de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas.
Los acusados permanecen bajo custodia federal sin fianza a la espera del juicio. El abogado de Martínez, David Shearer, de San Antonio, declinó hacer comentarios sobre las acusaciones.
Martínez, apodado como ‘Gordito’ o ‘Gordo’, supuestamente trabajaba con al menos otros dos conductores, uno capturado en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza al norte de Laredo con 107 inmigrantes en su remolque y otro capturado con 98 inmigrantes esta primavera, según el agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, Néstor Canales, y los documentos judiciales, reportó el San Antonio Expresss-News.
La fiscal federal adjunta, Sarah Spears, en la audiencia en la corte federal de San Antonio, acusó a Martínez de formar parte del incidente «atroz y escandaloso en el que 64 personas estuvieron en un tractor-remolque sin aire acondicionado durante horas, y 53 de esos individuos murieron».
La condena por los cargos de muerte podría dar lugar a penas de cadena perpetua, pero la Fiscalía General podría autorizar a los fiscales a solicitar penas de muerte. Los cargos por lesiones corporales graves conllevan penas de hasta 20 años de prisión.
