Los jueces vuelven a erigirse como el dique de contención a las políticas de Donald Trump. Una serie de fallos judiciales recientes ha frenado momentáneamente algunas de las medidas de la Administración para combatir a la migración. Los vuelos de deportaciones, la eliminación del permiso de estancia legal para los venezolanos y el intento de dejar a decenas de miles de menores indocumentados sin defensa legal son algunos de los ensayos del Gobierno que se han topado con un muro en los tribunales federales. Algunos de los golpes fueron propinados por jueces que llegaron al banquillo gracias a Joe Biden, un presidente que hizo 228 nombramientos judiciales para anticiparse a la tormenta que estaba por llegar.
El Gobierno de Trump acumuló a lo largo de la pasada semana diversos reveses judiciales. Araceli Martínez-Olguín, una jueza radicada en California, otorgó una importante restricción temporal que congela, por lo menos hasta el próximo 16 de abril, el propósito de Washington de cortar el financiamiento a centenares de organizaciones sin fines de lucro que coordinan la defensa de los menores migrantes. La decisión de Martínez-Olguín llegó más rápido de lo que se esperaba, reconociendo la urgencia de que unos 26.000 niños indocumentados se quedaran sin abogados.
“Este tribunal cree que continuar el financiamiento a la representación legal de los menores no acompañados promueve la eficiencia y la justicia dentro del sistema de inmigración”, razona Martínez-Olguín, quien fue nominada al cargo en el Distrito Norte de California por el presidente Joe Biden. La entonces vicepresidenta Kamala Harris rompió en febrero de 2023 con su voto un empate en el Senado que desatascó el nombramiento de la magistrada latina.
Martínez-Olguín, una jueza nacida en México con estudios en las universidades de Princeton y Berkeley, forma parte del nuevo rostro que Biden imprimió a la judicatura. El presidente demócrata aceleró en los últimos meses de su gestión la confirmación de jueces federales. Fueron 228 en los cuatro años de su mandato, dos más de los que dejó Trump en su primera presidencia. Sin embargo, Biden hizo más diverso el banquillo con nombramientos de 144 mujeres, el 63% de sus nombramientos, y minorías raciales (solo cuatro de cada diez jueces que nominó eran blancos). La mayoría de cambios, 187, los hizo en los juzgados de distrito como el de Martínez-Olguín. También designó 45 jueces de apelaciones, nueve menos que su antecesor.
Estos jueces comienzan a desempeñar un papel relevante en la segunda estancia de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente ha provocado críticas por dar forma a su legado a través de órdenes ejecutivas, decretos que tratan de circunvalar el Congreso. Esto ha sido criticado por los analistas como un exceso de las facultades que irrumpe en las atribuciones de otros poderes.
Stephen Miller, el gran cerebro detrás de las duras políticas migratorias del trumpismo, considera esta forma de gobernar como un ejercicio de “liberación” que restaura la soberanía popular. “Es una forma de defenderse de los burócratas y jueces rebeldes que han minado y robado los derechos de nuestro pueblo y los han puesto en manos de centros de poder que no fueron electos”, dijo a Fox News el sábado uno de los encargados de política pública de la Casa Blanca.
