Cientos de personas marcharon ayer en las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel para exigir a la empresa minera Barrick un reasentamiento justo y sostenible a las familias que serán desplazadas por la construcción de una obra.
La jornada fue organizada por líderes religiosos y dirigentes campesinos de ambas provincias luego de un incidente que dejó ocho heridos, entre ellos un sacerdote, durante otra protesta en demanda de la reubicación de unas 600 familias afectadas por la obra en Pueblo Viejo, a unos 100 kilómetros al noroeste de esta capital.
Los manifestantes exigen igualdad en el diálogo con los ejecutivos de la minera para poner fin al conflicto.
«Fuera la Barrick», «Solicitamos la intervención del presidente Abinader», «No a la presa de colas», se podía leer en los carteles que acompañaron a los manifestantes.
La mina de Pueblo Viejo operada por la empresa minera de oro Barrick avanza en el proyecto de la instalación de almacenamiento de relaves de El Naranjo, que afecta a cientos de hogares.
Según Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, «el desarrollo de la Instalación de Almacenamiento de Relaves El Naranjo es fundamental para extender la vida operativa de la mina más allá de 2040 y mantener la producción de oro en más de 800 mil onzas por año».
La compañía tiene operaciones mineras y proyectos en unos 15 países, a saber, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, República Dominicana, Mali, Papúa Nueva Guinea, Perú, Arabia Saudita, Senegal, Estados Unidos y Zambia.
Barrick asegura mejoramiento social y económico para el futuro
La mina Pueblo Viejo, operada por Barrick, dijo ayer miércoles que asegura su compromiso con un reasentamiento justo y sostenible para las comunidades afectadas por el desarrollo de la nueva Instalación de Almacenamiento de Relaves, proyecto clave para extender su vida útil más allá de 2040 y continuar impulsando la economía dominicana.
Según Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, estas medidas buscan garantizar mejoras en la calidad de vida.
«El desarrollo de la Instalación de Almacenamiento de Relaves El Naranjo es fundamental para extender la vida operativa de la mina más allá de 2040 y mantener la producción de oro en más de 800.000 onzas por año. Este proyecto subraya el papel de Pueblo Viejo como un motor económico crítico y su compromiso a largo plazo con el mejoramiento de la comunidad», dijo Barceló.
Mediante un comunicado la entidad señaló que realiza discusiones entre entidades gubernamentales, la iglesia y los representantes de las comunidades para garantizar un proceso transparente e inclusivo.
La empresa sostuvo que pese a los avances, enfrenta obstáculos debido a un grupo minoritario que, según la compañía, busca beneficios personales. «Estas personas han bloqueado carreteras y limitado el acceso a terrenos ya contratados, dificultando el progreso del proyecto y negando a la mayoría de la comunidad la posibilidad de acceder a viviendas mejoradas, compensaciones justas y servicios esenciales como educación y salud», apuntó.
Asimismo, explicó que continúa priorizando soluciones equitativas mientras resiste el «oportunismo especulativo», reafirmando su dedicación a las prácticas mineras sostenibles y responsables.
Ministro Santos dice inversión en reasentamiento en Cotuí podría alcanzar RD$20,000 millones
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó este miércoles que el proceso de reasentamiento en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, podría requerir una inversión cercana a los RD$20,000 millones debido a los múltiples factores involucrados en su ejecución.
Calificó este proyecto como «complejo, pero de suma importancia» y garntizó que impactará directamente a más de 600 familias.
“Es un proceso complejo, pero de mucha importancia (…). La inversión total en este proceso de reasentamiento va a alcanzar los RD$20,000 millones, que al final será asumida por el Estado”, afirmó al er entrevistado en el programa matutino La Mañana con Dary, por Súper Q 100.9 FM y conducido por Dary Terrero, Yessy Pérez y Leonardo Jáquez.
Santos explicó que el proceso implica valorizar los terrenos de los comunitarios afectados, identificar a las personas que realmente habitan en las áreas impactadas, calcular los valores correspondientes a sus cultivos y reubicarlas en viviendas adecuadas a las características de cada familia.
Reiteró que tanto la empresa minera Barrick Pueblo Viejo como los comunitarios y las autoridades están en un proceso de negociación, con la mediación de la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, para garantizar un diálogo transparente y equitativo.
“Se ha avanzado en el proceso metodológico para identificar las diferencias existentes y trabajar en la mejora de estas, siempre buscando el bienestar de las familias afectadas”, añadió.
Respecto al manejo de los fondos generados por la actividad minera, Santos destacó que desde el Ministerio de Energía y Minas se trabaja para establecer criterios que permitan mayor formalidad y transparencia en su uso.
“Entiendo que esos fondos pueden ser invertidos de manera eficiente, con más formalidad y transparencia. Estoy totalmente de acuerdo en que, donde haya recursos mineros, esas comunidades deben ser un ejemplo de desarrollo y gestión responsable”, señaló.
El Ministro explicó que los gobiernos locales son responsables de administrar estos fondos y que el propósito es garantizar que se utilicen para mejorar las condiciones de las comunidades mineras.
