La Corte Suprema suspendió otra vez la ley SB4 de Texas este lunes, en una decisión de último minuto luego de que se cumpliera el plazo para que entrara en vigor.
La controvertida Ley SB4, la norma con la que Texas busca que las fuerzas del orden estatales puedan detener a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera de México, entraba en vigor a las 17:00 EST de este lunes, pero poco después la Corte emitió una nueva suspensión indefinida.
Este lunes se terminaba el plazo de la ampliación de la suspensión de la entrada en vigor de la Ley SB4 ordenada la semana pasada por el juez de la Corte Suprema Samuel Alito, quien nuevamente la extendió.
La norma, cuya entrada en vigor anterior estaba prevista para el pasado 5 de marzo, había sido suspendida el mes pasado por el juez federal David Ezra al considerarla en violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
La norma es parte del desafío del gobernador Greg Abbott a la política migratoria y de seguridad en la frontera de la Casa Blanca.
Y el Departamento de Justicia alega que alteraría profundamente el statu quo que ha existido entre EEUU y los estados en el contexto de la inmigración durante 150 años. Los opositores han calificado la ley como el intento más dramático por parte de un estado de controlar la inmigración desde una ley de Arizona hace más de una década, partes de la cual fueron anuladas por la Corte Suprema.
El Procurador General de Texas ha dicho que la ley estatal refleja la ley federal y “fue adoptada para abordar la crisis actual en la frontera sur, que perjudica a los tejanos más que a nadie”.
Gobierno de Biden se opone a la medida
La administración Biden presentó una demanda para derogar la medida, argumentando que usurparía la autoridad federal central en materia de inmigración, dañaría las relaciones internacionales y crearía caos en la administración de la ley de inmigración. Los grupos de derechos civiles han argumentado que la ley podría conducir a violaciones de derechos civiles y discriminación racial.
Un juez federal de Texas anuló la ley a finales de febrero, pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito rápidamente suspendió ese fallo, lo que llevó al gobierno federal a apelar ante el Tribunal Supremo.
