ilegalidad es auspiciada por sectores a los cuales no les interesa transparentar los impuestos que generan ni las riquezas sin cotización a la TSS, encubriendo la realidad por donde se debe atacar la organización y cuidar la transparencia como país.
Se quejó de que en el país no exista un régimen de consecuencia ni sanción de carácter legal desde el Ministerio de Trabajo, por lo que, expresó, de esta manera “nuestro país no avanzará a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la agenda 2030, ni tampoco podremos medir los índices de desarrollo humano, que demuestren los aportes a la convivencia pacífica de los derechos humanos fundamentales”.
Destacó la urgencia de sentar las bases de una economía que distribuya la riqueza de forma equitativa, que rompa con el asistencialismo clientelar y establezca mecanismos de exigencia a todos los que reciben algún tipo de beneficio del Estado.
Abogó por la firma de un compromiso político-empresarial con esta finalidad para llegar a tener el país que “soñamos y para una futura generación que valore el trabajo asociativo, que nos asegura el trabajo decente productivo de hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, como establece la OIT, para crecer en nuestra propia tierra, asumiendo la economía circular de la inmigración como una realidad que debemos enfrentar” ”, resaltó el presidente de la Cooperativa Vega Real.
