QUITO (AP) — Los fiscales dieron inicio el lunes a lo que algunos califican como el juicio del siglo de Ecuador en contra del expresidente Rafael Correa y otros 20 políticos de alto rango y líderes empresariales acusados de operar una multimillonaria red de corrupción.
De ser declarado culpable, el hombre que estuvo al mando de Ecuador durante una década podría tener prohibido postularse para el cargo nuevamente, poniendo fin a uno de los legados políticos más largos y polémicos del país.
“Tiene una presencia de mucho peso en la política ecuatoriana”, comentó Simón Pachano, profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. “Por lo tanto, lo que suceda con él tiene mucha repercusión en lo que pasa en el país”.
El expresidente de 56 años está acusado de supervisar una trama en la que empresarios extranjeros y locales hacían pagos en efectivo al partido político Alianza País, al que pertenece Correa, a cambio de lucrativos contratos de obras públicas.
Los pagos supuestamente fueron realizados entre 2012 y 2016, años que coinciden con la época en que Correa fue presidente. El exmandatario rechaza las acusaciones, que vincula con una cacería de brujas motivada políticamente.
“Se trata del LAWFARE”, tuiteó Correa, utilizando el término en inglés para lo que se conoce como una guerra jurídica. “Objetivo: Impedirnos participar en próximas elecciones”, escribió.
Correa dirigió el país hasta 2017, en lo que fue un periodo de estabilidad y crecimiento económico impulsado por un auge en los precios del petróleo y préstamos de China que le permitieron expandir los programas sociales, construir carreteras, escuelas y otros proyectos que transformaron Ecuador. Sin embargo, gobernó con mano dura, silenciando o castigando a los críticos en los medios de comunicación, la oposición y el poder judicial, y en los últimos años, su legado se ha visto cada vez más manchado.
Ha peleado públicamente con su sucesor Lenín Moreno, elegido por él, a quien acusa de traicionar a su “Revolución Ciudadana”, y fue investigado por el secuestro de un legislador de oposición en 2012. Sin embargo, se cree que Correa todavía tiene el apoyo de aproximadamente un cuarto de la población. Aunque no puede volver a postularse como presidente por los límites de términos, puede buscar un escaño en el Congreso.
“Aún no esta muerto políticamente”, dijo Carlos de la Torre, director del Centro para Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Florida. La fiscal general Diana Salazar inició el procedimiento en la Corte Nacional de Justicia, describiendo una “estructura criminal” dentro del Alianza País
