WASHINGTON.- La República Dominicana forma parte del grupo de países que este jueves, en la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó una resolución para “no reconocer la legitimidad” del mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y llamar a que se celebren nuevos comicios “en una fecha cercana” con observación internacional.
República Dominicana, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haiti y Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía votaron a favor de no reconocer la legitimidad del mandato de Maduro.
Poco después de que Maduro jurara hoy para un segundo período de seis años, el organismo interamericano instaló una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente para discutir una resolución presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Perú y Paraguay.
El documento fue respaldado por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima, Estados Unidos, República Dominicana, así como Bahamas, Barbados, Jamaica y Haití.
Por su lado, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Dominica votaron en contra, mientras que México, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Uruguay, Antigua y Barbudas, Belice y El Salvador se abstuvieron.
La reunión del Consejo, ahora bajo la Presidencia rotatoria de El Salvador, fue rechazada de la delegación de Venezuela, liderada por el embajador Samuel Moncada, como un “acto hostil e inamistoso”.
“No reconoceremos ninguna decisión que pudiera adoptarse en esta reunión”, apuntó Moncada, quien es viceministro para América del Norte y embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.
Al responder a la resolución, Moncada la consideró “una insensatez jurídica, un abuso de poder, un crimen de agresión y un golpe de Estado”.
El embajador de Nicaragua, Denis Moncada, secundó la posición venezolana y advirtió que la reunión supuso una “violación” a la Carta de la OEA.
Moncada, en otro momento de la sesión, denunció la intención de aplicar un “cinturón de aislamiento democrático” a Venezuela, para justificar un atentado contra Maduro o una intervención en ese país.