La petrolera estatal venezolana Petróleos se convirtió en un nido de corrupción bajo la dirección del ex zar económico de Chavismo, Rafael Ramírez, cuya gestión de 11 años se caracterizó por ofertas irregulares y violaciones de regulaciones que llevaron a pérdidas a la nación de más de 11.000 millones de dólares, Un informe de la Asamblea Nacional reveló.
Ramírez, que ejerció el control total sobre PDVSA hasta que fue despedido como presidente de la compañía y como ministro de Petróleo en septiembre de 2014, es acusado en el informe del Comité Permanente de la Contraloría para permitir durante años la creación de un ambiente favorable para La desviación de fondos públicos.
"Permitió la realización de varias exacerbaciones que degeneraron en grandes pérdidas del Fondo Público de la Nación debido a: la ejecución de la contratación no observada (sic) debida regulación", dijo el informe, hecho a petición del diputado Freddy Guevara, Popular.
Muchas de estas contrataciones "se hicieron a través de individuos interpuestos que violaban los preceptos constitucionales, y que bajo la figura que él tenía como un funcionario público generó beneficios de varios tipos para sí mismo y para terceros", agregó el documento.
Las pérdidas a la nación causadas por la centrífuga de la corrupción eran gigantescas.
"[La] participación total del Patrimonio Nacional Público, por irregularidades administrativas cometidas bajo la Presidencia de Rafael Ramírez en la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) de USD 11.271.148.806,36, señala el documento.
Ramírez, que fue considerado uno de los hombres fuertes del chavismo hasta que estuvo separado de la industria petrolera, actualmente se desempeña como Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas.
La investigación abarcó algunas de las denuncias más publicadas contra PDVSA en los últimos años, incluyendo el reciente caso contra los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes se declararon culpables de sobornar a los funcionarios de la petrolera estatal para obtener contratos por más de mil millones de dólares.
Pero el informe también explora algunas de las acusaciones hechas en los primeros años de gobierno de Ramírez, incluyendo el uso indebido del fondo de pensiones de PDVSA, donde se utilizaron cientos de millones de dólares de ahorros para crear un esquema Ponzi en Estados Unidos.
Los investigadores también colocaron la lupa en la colocación de unos $ 2 mil millones de fondos venezolanos en Banca Privada de Andorra (BPA), una de las cinco instituciones financieras que operan en la pequeña nación europea.
Esta denuncia fue emitida en 2015 por la FinCEN, una unidad de lucha contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro que acusó a PDVSA de operar una red de lavado a través de empresas fantasmas con la colaboración de un ejecutivo senior de BPA. Comisiones "exorbitantes" para procesar operaciones con dinero "derivado de la corrupción".
