España, que preside hasta el 31 de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU, se negó a maniobrar para retrasar la resolución que condena los asentamientos en los territorios ocupados.
El Ministerio de Exteriores israelí mostró este domingo al encargado de Negocios español en Tel Aviv, Miguel Moro, su “decepción” por el apoyo de España a una resolución que Israel considera “indignante”, pero no le comunicó la adopción de represalias. El próximo viaje a España del presidente israelí, Reuven Rivlin, está en suspenso.
Su condición de presidente de turno del Consejo de Seguridad colocaba a España en una posición delicada ante el debate de la primera resolución sobre el conflicto israelo-palestino aprobada por el órgano de gobierno de la ONU en ocho años.
Como árbitro, España asistió a la inesperada presentación y posterior retirada del proyecto egipcio y, finalmente, a la nueva presentación del mismo por parte de Senegal, Nueva Zelanda, Venezuela y Malaisia. Ante la sorda batalla diplomática que se desató en los pasillos de Naciones Unidas, España dejó claro a todas las partes, incluida la representación de Israel, que como presidente no tenía margen de maniobra y que, si cuatro países pedían someter el texto a votación, tendría que hacerlo.
Por lo demás, las fuentes consultadas insisten en que no se trataba de una resolución contra Israel y que en la misma se hace un llamamiento al diálogo para retomar el proceso de paz sobre la base de los dos Estados, fórmula compartida por sus socios de la UE y por toda la comunidad internacional.
En realidad, un aplazamiento tampoco habría cambiado el resultado. El 31 de diciembre salen del Consejo de Seguridad tres de los patrocinadores de la resolución (Nueva Zelanda, Malaisia y Venezuela), pero los que entran (Suecia, Bolivia y Kazajistán) no son más favorables a Israel. Salvo que lograra retrasar la votación hasta el 20 enero, cuando toma posesión Donald Trump.
