Brasil dio este martes luz verde al ajuste fiscal más severo de su historia reciente: desde que se aprobó su actual constitución, en 1988, no se había visto una medida tan contundente como la que se hasta ahora se conocía como la PEC 55; el objeto de las manifestaciones en las últimas semanas y el proyecto estrella del Gobierno de Michel Temer: la reforma que rebaja dramáticamente el techo de los gastos públicos durante los próximos 20 años. Esta enmienda a la constitución fue aprobada por el Senado por 53 votos -solo cuatro más de los mínimamente requeridos para alterar la carta magna- y 16 en contra, tras un proceso de más de mes y medio de pasos en falso y polémicas.
A partir del año que viene, las inversiones públicas quedarán limitadas durante cinco legislaturas: solo se podrán aumentar los gastos lo que aumente la inflación. La considerable administración brasileña no podrá ni subir el sueldo a sus trabajadores, ni contratar funcionarios nuevos ni conceder incentivos fiscales si no se ciñe a sus objetivos.
En las dos áreas más sensibles, educación y sanidad, este límite solo entrará en vigor en 2018, pero no por ello deja de suponer un cambio existencial en la Administración brasileña. Hasta ahora, su Constitución establecía un piso de gastos en estas materias, no un techo.
