México. El plan de austeridad de López Obrador ha provocado una onda expansiva de descontento e incertidumbre por los pasillos de las instituciones públicas mexicanas. El cóctel de leyes aprobado exprés por la mayoría parlamentaria de Morena permite reagrupar oficinas, deshacerse de otras, ajustar más de 6.000 plazas de la alta burocracia y colocar un techo salarial: ningún trabajador público puede cobrar más 108.000 pesos mensuales, el nuevo sueldo del presidente.

Más de 200 jueces anunciaron este lunes que han promovido juicios de amparo en contra. No han sido los únicos. Desde el anuncio de la primera norma a finales de septiembre, la reacción ha sido una catarata de trabajadores públicos renunciando a sus puestos, solicitando prejubilaciones o directamente, siendo despedidos.

El equipo de López Obrador ha repetido con ahínco que la medida no afectará a los trabajadores sindicalizados. Desde el sindicato del Senado afirman: “De momento, estamos tranquilos”. Otro de los mantras es que habrá una compensación para los sueldos más bajos.

En Banobras, banco público, otro trabajador no sindicalizado, que lleva tres años en el área de negocio y con un puesto que apenas supera los 40.000 pesos al mes también teme al menos por la calidad de su puesto.

“Nos están avisando de que nos van a quitar prestaciones, como el seguro médico que es privado”. Habla incluso de “terror psicológico” y asegura que de los 970 trabajadores, al menos 200 –todos en la parte alta de la escala salarial–, han solicitado la prejubilación.

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