Después de tres días de negociaciones a puerta cerrada entre los delegados del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la opositora Alianza Cívica, el llamado diálogo nacional se mantiene estancado y con la amenaza de acabar sin resultados dada la negativa del mandatario de permitir la participación en el diálogo de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea.

La Alianza Cívica —conformada por representantes de los empresarios, campesinos, académicos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil— exige la participación de estos organismos para garantizar que se cumplan los acuerdos a los que se lleguen en las negociaciones. “Sin garantes no hay diálogo”, coincidieron dos fuentes cercanas al proceso consultadas por EL PAÍS.

Estas fuentes informaron de que se ha desarrollado un intenso cabildeo diplomático para convencer al mandatario nicaragüense de la importancia de permitir los observadores internacionales.

El Vaticano, a través de su representante en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, hace “gestiones” con el Gobierno, que rechaza la presencia de los organismos extranjeros bajo el argumento de que los problemas internos deben ser resueltos “entre nicaragüenses”. Ortega, sin embargo, está en una difícil situación: la economía del país se ha deteriorado y se enfrenta a una fuerte presión internacional para que se encuentre una salida a la crisis política que ha dejado 325 muertos, 50.000 exiliados y más de 600 presos.

El mandatario había mostrado un gesto de buena voluntad al excarcelar a un centenar de estos detenidos. En un principio, se había hablado de una liberación, pero el Ministerio de Gobernación [Interior] aseguró en un comunicado que se trataba de un cambio de medida cautelar, lo que en Nicaragua se conoce como “casa por cárcel”. Para los opositores el gesto no fue suficiente. En un comunicado emitido el viernes tras las negociaciones dijeron que tienen un “mandato claro”: la “liberación y seguridad de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías, establecidos por la Constitución”.

Las fuentes consultadas en Managua dijeron que el lunes será un día clave para el proceso. Afirmaron que los delegados del gobierno consideran a organismos como la OEA como no “parciales”, dada su postura frente al régimen. El secretario general de esa organización, el uruguayo Luis Almagro, calificó de “dictadura” al gobierno de Ortega y amenazó con aplicar la Carta Democrática a Nicaragua al considerar que se ha amenazado la democracia en este país centroamericano.