SANTO DOMINGO. El pasado marzo, las investigaciones del caso de corrupción político empresarial conocido como Lava Jato cumplieron tres años de iniciarse en Brasil.

Desde entonces, las ramificaciones de la trama han estado tocando suelo dominicano, debido a la presencia en el país de la empresa Odebrecht, uno de los blancos de los investigadores por su responsabilidad en el pago de sobornos a funcionarios y políticos.

La vinculación más directa de la República Dominicana en el caso se dio en diciembre del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un documento donde se detallaba que Odebrecht pagó unos US$92 millones en sobornos entre 2001 y 2014 para conseguir sus contratos de obras con el Gobierno.

Sin embargo, los casi cinco meses pasados no han bastado para que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que encabeza las investigaciones, haya podido establecer responsabilidades y procesar a algún culpable. El pasado 19 de abril informó que la multinacional se comprometió a entregar a la Procuraduría, a más tardar el 19 de mayo, la lista de quiénes recibieron los pagos.

Lo que se ha hecho

En la República Dominicana se registró el tercer monto más alto de los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en 12 países, según la justicia estadounidense.

El 10 de enero pasado, el procurador interrogó al gerente de Operaciones de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke (primero en ser llamado) y, al término del encuentro, anunció que el ejecutivo señaló al empresario dominicano y reconocido lobista Ángel Rondón como la persona que recibió los US$92 millones.

Rondón, interrogado al día siguiente, dijo que recibió un monto similar al señalado por sus servicios prestados a la constructora brasileña. Las autoridades se han limitado a interrogarlo en, por lo menos, dos ocasiones.

Además de firmar un acuerdo con Odebrecht y de interrogar a más de una treintena de personas, incluidos ministros y directores activos y pasados de las instituciones gubernamentales que firmaron contratos con la empresa, así como a legisladores que intervinieron en la aprobación de esos contratos en el Congreso, el procurador viajó el pasado 15 de febrero a Brasil, donde firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades de ese y demás países involucrados en la trama de los sobornos.

Además,se ha comprometido públicamente a procesar a los responsables, pero dice que está a la espera de informaciones que deben suministrarle desde Brasil, que están protegidas por un acuerdo de confidencialidad en ese país que terminaría en junio.

Las acciones del Procurador, sin embargo, no logran calmar las ansias de un sector de la población que demanda en las calles el fin de la impunidad y que entiende que no se hace lo suficiente por castigar a los que recibieron sobornos.

Así lo han expresado en sus manifestaciones los integrantes del movimiento Marcha Verde y un grupo de estudiantes que la semana pasada ocupó la sede de la Procuraduría para exigir que se entreguen los nombres de los sobornados.

La abogada Laura Acosta considera que el tiempo que lleva el caso puede ser normal en una investigación, si se han hecho las diligencias necesarias, lo cual, aún se desconoce. Pero entiende que con las personas identificadas en el caso se debieron tomar acciones, tales como congelación de cuentas o medidas de coerción para evitar que puedan sustraerse del proceso.

“Tal vez no han solicitado medidas por una cuestión de plazos, pero eso es un arma de doble filo, porque podrían distraerse los bienes o irse del país”, advierte.