Varias instituciones internacionales de derechos humanos con sede en Estados Unidos y otros países pedirán hoy miércoles a la República Dominicana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza) que restituya la nacionalidad a miles de hijos de haitianos nacidos en ese país caribeño y a los que, según la denuncian, se les sigue negando la nacionalidad, además de ser sometidos a una permanente discriminación.

Un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Washington, dice que esa entidad, la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia, el Instituto de Apatridia e Inclusión, Robert F. Kennedy Human Rights y Dominican@s por Derecho, someterán un documento detallado sobre la situación de los dominico-haitianos en la sesión de hoy del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde por tercera vez se evaluará a la República Dominicana, que no ha estado cumpliendo con sus compromisos ante los organismos internacionales, respecto a los hijos de haitianos, según dijeron.

CEJIL dijo que el Estado dominicano será evaluado mediante Examen Periódico Universal (EPU), ante la falta de respuesta a las denuncias de violaciones al derecho a la nacionalidad y a la discriminación que sufren las personas dominicanas de ascendencia haitiana.

“Esta será la tercera vez que este país se presenta a rendir cuentas en materia de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos bajo el EPU. Sin embargo, el cumplimiento del Estado dominicano a las recomendaciones de los demás estados miembros ha sido mínimo hasta la fecha”, agrega el comunicado.

“Cientos de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana continúan siendo afectadas por la denegación del derecho a la nacionalidad, por la discriminación y la apatridia. Las mismas surgen de medidas estructurales que han restringido el goce del derecho a la nacionalidad y por ende, a muchos otros derechos y libertades básicas”, dijo la entidad.

Expone que en el 2009, durante el primer examen EPU, Canadá recomendó ratificar las dos convenciones internacionales sobre apatridia, recomendación que fue aceptada por República Dominicana. En el segundo ciclo, en el 2014, Nicaragua, Uruguay y Brasil recomendaron lo mismo.

Sin embargo, el Estado dominicano solo tomó nota de ello y a la fecha no las ha ratificado.

“En el 2013, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 168/13 que provocó una desnacionalización masiva de las personas dominicanas de padres extranjeros nacidas después de 1929”, recordó la entidad.

Añade que en 2014, se emitió la Ley 169-14 para intentar dar una respuesta a la sentencia 168/13, pero la misma segregó a las personas afectadas y creó nuevos perfiles para las cuales no hay una solución clara.

“Al día de hoy, menos del 10% de las personas afectadas por la sentencia han visto restituido su derecho a la nacionalidad”, reclama las entidades denunciantes.

Precisan que, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), en 2015 existían en República Dominicana 133.770 personas en riesgo de la apatridia.

“Observamos con suma preocupación un incremento notable de las detenciones e intento de deportaciones de personas nacidas en República Dominicana en el 2018”, sostiene la CEJIL

“Por lo anterior, solicitamos a los estados que realicen las siguientes recomendaciones al Estado dominicano: cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las recomendaciones de la CIDH y las formuladas por otros estados en ciclos pasados del EPU para implementar un marco legal que garantice la restitución efectiva de la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana”, exigen.

Dijeron que República Dominicana tiene que adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y ratificar la convención para reducir los casos de apatridia de 1961 durante los próximos años de la fase de implementación.

También reclaman que República Dominicana lleve a cabo, durante 2019, un registro nacional para identificar a personas apátridas o en riesgo de estarlo, en colaboración con ACNUR y organizaciones de la sociedad civil.

Además, tomar todas las medidas de protección pertinentes para prevenir que persona apátrida sea expuesta a posible arresto y/o expulsión del territorio que lo vio nacer.

Piden también instar al Estado dominicano a continuar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y la asistencia técnica de la CIDH, así como con otros organismos y mecanismos internacionales, que permitan el abordaje integral y pleno de la situación de privación de la nacionalidad, discriminación y xenofobia durante el 2019.