El Partido de los Trabajadores ha registrado al expresidente brasileño Lula da Silva, preso por corrupción desde abril, como candidato a las elecciones presidenciales de este octubre. Es un claro desafío a los jueces que le pusieron entre rejas y a los deberán vetar la candidatura de quien aún es el político más popular de Brasil, pues la ley impide que alguien condenado por la segunda instancia sea candidato.

Aún desde la cárcel, Lula ha convertido el trámite de su inscripción en un despliegue de popularidad: la “Marcha Nacional Lula Libre”. Decenas de miles de sus muchos seguidores se han desplazado hasta Brasilia y han desfilado durante seis kilómetros hasta la misma puerta del Tribunal Electoral, donde se realizó la inscripción, previo discurso de la presidenta del PT, Gleisi Hoffman y la expresidenta Dilma Rouseff. Un recuerdo de que, en el antipático panorama político de Brasil, Lula todavía mueve masas.

Pero lo cierto es que también las necesita. Más que una carrera hacia las urnas, la suya es una carrera contra el tiempo: cuanta más campaña electoral sea capaz de hacer el PT usando su poderoso nombre, más tenso será el inevitable día que el Tribunal Electoral vete su candidatura.

En teoría ese día no debe retrasarse más del 17 de septiembre, fecha límite prevista para revisar las inscripciones. Pero tanto la presidenta del Tribunal Electoral, Rosa Weber, como la fiscal general de la república, Raquel Dodge, han dado entender en los últimos días que tienen formas de acelerar la sentencia de la candidatura del PT y las usarán.