Un grupo de abogados depositó ayer en el Tribunal Constitucional un recurso mediante el cual se pide anular la Ley 61-18 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el 2019.

Entre los firmantes está Enmanuel Esquea Guerrero y Emigdio Valenzuela. En la instancia se alega violación de varios artículos de la Carta Magna, entre ellos el 98, que establece el procedimiento para el conocimiento de un proyecto de Ley.

Afirman que la declaratoria de urgencia a la que hace referencia el mencionado artículo faculta al Congreso a conocer el proyecto en dos sesiones consecutivas pero que eso no significa que tenga que ser el mismo día.

En la instancia expresan además, que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley con la ausencia de 25 diputados que no fueron informados de la celebración de la sesión extraordinaria