La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), reiteró ayer la necesidad de regular los tiempos de campaña y mayores controles a los partidos y agrupaciones políticas.

El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños, dijo que la frecuente y creciente denuncia sobre diversas actividades proselitistas en diferentes puntos del país a más de dos años para los próximos comicios, crea una “enojosa situación que debe ser erradicada de inmediato, ya que la legislación electoral vigente las prohíbe de manera absoluta”.

Castaños deploró la ausencia de un sistema de consecuencias eficaz dentro del ordenamiento jurídico electoral.

Sin embargo, consideró que la Junta Central Electoral además de regular lo concerniente a la organización, dirección y supervisión de las elecciones, tiene las siguientes atribuciones administrativas y reglamentarias, conforme a la ley electoral 275-97: “Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado”; “reglamentar todo lo relativo al financiamiento público de los partidos” y “disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar, dentro de las atribuciones que le confiere la ley, todas las instrucciones que juzgue necesarias y/o convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías…”.