Cuando amaneció el miércoles, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se encontraba en Francia, de vacaciones. Mientras tanto, un escándalo de corrupción que ha estado abatiendo a su administración por los últimos meses escaló dramáticamente después que el FBI arrestó a dos ex funcionarias del gobierno y a un conocido empresario.

Rosa Emilia Rodríguez, la jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, dijo en una conferencia de prensa que un gran jurado federal emitió el martes una acusación de 32 cargos en contra de seis personas.

Agentes federales escoltan a la ex jefa de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Ángela Ávila-Marrero, arrestada en San Juan, Puerto Rico, el miércoles 10 de julio de 2019. La ex secretaria de Eucación de Puerto Rico y otras cuatro personas, entre ellas Ávila-Marrero, fueron arrestadas por supuestamente dirigir dinero federal a contratistas no calificados y conectados políticamente por unos 15,5 millones de dólares.

Tres de los inculpados fueron Julia Beatriz Keleher, la ex secretaria del Departamento de Educación (DE); Ángela Ávila Marrero, la ex directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES); y Alberto Velázquez Piñol, el presidente de BDO Puerto Rico, el brazo local de la franquicia internacional de servicios de contabilidad que hasta hace poco era la principal consultora del gobierno.

“Se alegó que los acusados participaron en una campaña de corrupción pública y se beneficiaron a costa de los ciudadanos y estudiantes puertorriqueños”, dijo Neil Sánchez, el agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Sur del Departamento de Educación de los EEUU en la conferencia de prensa. “Esto es particularmente escandoloso”.

Las autoridades federales acusan a los detenidos de formar parte de un esquema de contratos cuestionables por parte del gobierno y otras entidades por un total de $15,5 millones, de los cuales 13 millones fueron al DE y 2,5 millones a la ASES. Dijeron que el motivo por el cual se desviaron los fondos federales de educación y salud se realizó por política.

Rosselló, también presidente del partido político pro-estadista Partido Nuevo Progresista (PNP), asumió este miércoles tras la noticia de los arrestos la responsabilidad de “combatir el mal en todas las instancias” de su gobierno y rechazó cualquier comportamiento “al margen de la ley”.

“Reitero que nuestra administración no tolerará la corrupción y que todo aquel que falle a la confianza deberá pagar con todo el peso de la ley,” dijo a través de un comunicado.

Asimismo, políticos de Florida fueron sacudidos también ante los arrestos.

Un portavoz del senador republicano Rick Scott, Chris Hartline, dijo en un comunicado que “cualquier caso de fraude se debe atender con rapidez.”

“El senador Scott cree que cualquier persona que infrinja la ley debe rendir cuentas”, condenó Hartline. “Tenemos que asegurarnos de que el dinero de los contribuyentes al gobierno se gaste con prudencia y de que se resuelva rápidamente cualquier caso de fraude”.

El congresista demócrata Darren Soto, representante por el área de Kissimmee, una región con una de las poblaciones más grandes de puertorriqueños fuera de la isla, sentenció que “le corresponde al gobernador Rosselló investigar su administración desde arriba hacia abajo para eliminar la corrupción”.

“Esto asegurará la confianza durante un momento crucial, en el que estamos aprobando fondos del Medicaid y luchando para acelerar el desembolso de asistencia de desastres para la Isla,” añadió Soto. “No debemos estar jugando a la política en un momento en el que debemos estar unidos por Puerto Rico.”

El senador republicano Marco Rubio no respondió a una solicitud de el Nuevo Herald para comentar al respecto.

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