Los tribunales cercan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dos días después de que un juez la procesara por corrupción, un juzgado federal ha ordenado la reapertura de la investigación iniciada por el fiscal Alberto Nisman, quién acusó a Kirchner de montar “un sofisticado plan delictivo” para encubrir a los autores iraníes del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 mató a 85 personas en Buenos Aires.

Nisman presentó el 14 de enero de 2015 una denuncia contra la expresidenta, su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, un diputado kirchnerista y otros dos otros dirigentes políticos sin cargo. Pero cuatro días después, y uno antes de presentar su informe ante el Congreso, apareció muerto en el baño de su casa con un disparo en la cabeza. Su denuncia contra Kirchner fue archivada “por falta de pruebas” y aún hoy no se sabe si se suicidió o fue asesinado.

El Gobierno de Fernández de Kirchner firmó en 2013 un acuerdo con Irán para que cinco funcionarios y exfuncionarios de ese país procesados por la causa AMIA declarasen en su territorio, en lugar de comparecer ante los tribunales de Argentina. Nisman denunció que ese pacto se firmó a cambio de convenios comerciales y de que Buenos Aires retirara la orden a Interpol para la captura de los procesados.

El juez Daniel Rafecas rechazó dos veces la acusación de Nisman porque ni los acuerdos comerciales ni la petición a Interpol se concretaron y no había pruebas de delito. La Cámara Federal de Casación Penal consideró ahora, en un fallo de casi 250 páginas, que “los hechos denunciados no permiten descartar de plano la posible comisión de ilícitos, debiendo ponderarse elementos de prueba previamente para su desestimación”. También apartó a Rafecas del expediente.