El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela (Codena) ha exhortado en la madrugada del sábado al Tribunal Supremo de Justicia a que revise las sentencias que él mismo emitió hace tres días y que despojaron al Parlamento, de mayoría opositora, de sus funciones.

La decisión supone que el chavismo, presionado por la condena generalizada de la comunidad internacional y la grieta creada entre sus aliados de los restantes poderes públicos, ha desandado el camino del golpe de Estado que provocó el máximo tribunal con sus fallos a mediados de semana y que apoyó con su silencio el presidente Nicolás Maduro.

En el acuerdo se ratifica que el Supremo, que está controlado el régimen, es la instancia competente para dirimir los conflictos que se presenten entre las ramas del poder público.

 

Se trata de una decisión insólita e inédita en la historia del movimiento político que rige los destinos del país desde hace poco más de 18 años. La distancia marcada el viernes por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien no asistió a la sesión, pone límites al reiterado esfuerzo del régimen por no reconocer las labores del control legislativo y les obliga a repensar de qué forma pueden convivir con un poder en manos de la oposición.

De momento el régimen insiste en que la Asamblea Nacional sigue en desacato. Pero ha quedado claro que no puede evitar reconocer al Legislativo de forma permanente por la imagen que esto provoca entre la comunidad internacional.

A esa presión se ha agregado ahora el afán de la fiscal general, una histórica aliada de la autodenominada revolución bolivariana, de respetar las formas, un activo que el régimen cuidó con celo durante la gestión de su líder Hugo Chávez, y de garantizarse su supervivencia mucho más allá de la circunstancial presencia del chavismo en el poder.