Los juristas Cándido Simón Polanco, Ángel Moneró Cordero, Vladimir Peña Ramírez, Emerson Soriano Contreras y Félix Olivares, coincidieron, en que la sanción por parte de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía contra el comunicador Álvaro Arvelo, carece de legitimidad porque viola la Constitución y por lo tanto es nula.

En su intervención, Simón Polanco destacó que la ley 41-00 que creó el Ministerio de Cultura incorporó a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que todavía se rige por un reglamento que no encaja con esta norma, sino que se sustenta en una ley de 1949 de la época de la dictadura.

“Entre las bellezas que establece esa ley, está que en República Dominicana no puede participar en un acto público nadie que profese la ideología comunista”, explicó Simón, haciendo énfasis en que la ley data de la época de la dictadura.

Señaló que el tema no es ser simpáticos o no con quien emita un juicio y explica que un componente importante es que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos está actuando por intuición y reacción.

Simón destacó que hace bastante tiempo debieron modificar el decreto de 1949 porque no le atribuye a Espectáculos Públicos la facultad de suspender a ningún comunicador.

“Ese decreto 824 se sustenta en la ley de 1949… esa ley y las constituciones despues de Trujillo decretan el sistema democrático que profesa la libertad de ideología política. Se está refiriendo la Comisión, incluyendo la resolución de Claudia Pérez (La Tora), al decreto 301 del 2005… y eso está derogado”, manifestó Simón.

Dijo que con ello se están sustentando el componente de usurpación de funciones, porque la comisión no está facultada para suspender a ningún comunicador y las sanciones son competencia de los jueces de paz.

“Nadie tiene la obligación de acatar una decisión que viole la Constitución, pero sí someterlo al escrutinio público y debatir el tema. Esa resolución no existe porque viola la parte tangencial de la Constitución”, reiteró Cándido.

“Nadie puede ser sancionado sin ser oído”

En tanto que Soriano Contreras, manifestó que señaló que si la Comisión de Espectáculos Públicos hubiera comenzado por cumplir el observar de la Constitución el artículo 69 que establece que las normas del proceso deben ser observables en toda la materia, y que nadie debe ser juzgado sin el consentimiento previo de todas las variantes.

“Un juicio es una especie de diálogo sancionador entre un organismo de esa facultad y el sujeto que va a presentar la acusación. Nadie puede ser sancionado sin ser oído. La lógica es que sea citado… eso no responde a los planes mínimos que debe tener un plano de la legitimación del órgano, por lo que, debe haber una instancia acusadora de la acusación”, explicó el jurista.

Explicó que la resolución 002-2017 dictada por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, “según ellos en el ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución”, solo tomaron de la Carta Magna el nombre.

“Como preámbulo debemos citar que parecería que estamos presenciando un momento histórico donde todos los actores hacen las cosas sin un parámetro, un marco de referencia y protocolo”, dijo.

Soriano especifica que la resolución no establece de qué manera fueron apoderados, no describe ningún material probatorio ni prueba alguna; no hace un contexto de Juan Pablo Duarte, por lo que jurídicamente carece de lo que se llama el plan axiológico, que quebranta el debido proceso.

Decisión de Espectáculos Públicos es nula e ineficaz

Mientras tanto, Olivares suscribió lo dicho por sus colegas, y advirtió que más que una amenaza, esa decisión no vale el papel en que está impresa, y la misma es nula e ineficaz.

“Porque la idea de un sanedrín que se reúne, acusa, asumen la defensa ellos mismos,   juzgan y condenan por anticipado en ausencia, es ilustrativo de lo que no es el debido proceso”, razonó.

Destacaron los juristas que no aparece de don Álvaro no aparece más que su nombre, el cual tomaron del carné de locución, pero tampoco aparece quien lo acusa.

Explicaron que es legítimo que a un acusado les presenten sus acusadores y la comisión no ofrece esos datos y señalaron que tampoco establece el contexto de difamación en la que se incurrió.

Afirmaron los juristas que no hay forma de hacer convivir esta resolución con el marco democrático que República Dominicana ha establecido en la Constitución.

Por último, advirtieron que no se debe dejar pasar desapercibido el caso de Arvelo y que los medios deben considerar que esta es una amenaza para todos