El cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos entra este miércoles en su segundo mes, y no hay signos de que ni el presidente Donald Trump ni la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, estén dispuestos a ceder en sus posturas.

“¡No cederé!”, ha insistido este martes el presidente en su habitual ronda de tuits matinales, en los que ha acusado a los demócratas de que, a pesar de saber que “sin el muro nunca podrá haber seguridad fronteriza y nacional”, siguen protagonizando “juegos políticos”.

“Donald Trump y el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell] necesitan dejar de usar a los estadounidense como rehenes”, le ha contestado Pelosi, insistiendo en que deberían apoyar las iniciativas de los demócratas en la Cámara baja, que buscan volver a abrir los departamentos afectados por el cierre, sin acceder a las demandas del presidente de financiar el muro en la frontera con México.

Mientras tanto, centenares de miles de funcionarios federales se enfrentan a perder su segunda nómina (en EE UU se cobra quincenalmente) a finales de esta semana. Por todo el país, según informa The New York Times, muchos de esos empleados públicos, además de contratistas del Gobierno, se han visto obligados a buscar empleos alimenticios que les permitan salir adelante, convirtiéndose temporalmente en repartidores de comida a domicilio, conductores de Uber y cuidadores de niños, o enviando solicitudes para ejercer de profesores sustitutos en las escuelas.

Los efectos del cierre afectan también a algunos de los ciudadanos más vulnerables, que dependen de ayudas públicas que se han visto congeladas por el cierre de los departamentos del Gobierno que las gestionan.

El presidente ofreció este sábado, a cambio de los 5.700 millones de dólares que exige para terminar el muro, una protección temporal para los jóvenes inmigrantes indocumentados. Regularizar a los miembros de este colectivo, los conocidos como dreamers, que llegaron al país ilegalmente siendo menores de edad, constituye una reclamación histórica de los demócratas. Pero estos rechazaron el trueque, al considerar que la oferta del presidente suponía una respuesta insuficiente a un problema que él mismo había creado.

La Administración de Obama puso en marcha un programa (conocido como DACA) que protege a 700.000 de esos dreamers, pero Trump decidió terminar con él. Este mismo martes, el Tribunal Supremo ha renunciado a emprender acciones sobre la decisión del Gobierno de revisar el programa, tras una serie de decisiones judiciales intermedias contrarias a los intereses de Trump, de modo que la iniciativa sigue vigente, al menos temporalmente.

El Senado, de mayoría republicana, pretende tramitar como proyecto de ley el trueque propuesto el sábado por el presidente. La legislación permitiría la reapertura del Gobierno pero, al haberla rechazado ya los demócratas, es muy improbable que coseche los 60 votos necesarios para sacarla adelante (los republicanos tiene 53 escaños de 100).

La Cámara de Representantes, por su parte, donde los demócratas cuentan con la mayoría tras las elecciones legislativas de noviembre, tramita proyectos de ley que permitirían financiar las agencias afectadas que no tienen que ver con la seguridad fronteriza, aislando el asunto sobre el que existe desacuerdo para resolverlo más adelante. Pero la iniciativa está muerta, desde el momento en que McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, dejó claro que no perderá el tiempo tramitando un proyecto de ley que el presidente ha reiterado que no firmará.