El chavismo dio otro paso para cercar a Juan Guaidó. La Asamblea Nacional Constituyente, el Parlamento paralelo que actúa como un brazo legislativo de Nicolás Maduro, aprobó este martes el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del líder de la oposición, que el pasado 23 de enero se juramentó como presidente encargado de Venezuela y desafió al régimen con una transición política respaldado por Estados Unidos y 50 países.

“Para que haya justicia en nuestro país y sea garantía de la paz hay que darle continuidad a la solicitud de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Diosdado Cabello, presidente de esa institución. “Se ha autorizado formalmente al Tribunal Supremo la continuación del juicio y la investigación penal contra Juan Guaidó”.

Tras conocer la decisión, Guaidó siguió adelante con la ruta que ha establecido. Minutos después, desde una asamblea en la comunidad donde vive señaló que ha recibido llamadas de apoyo de cancilleres del Grupo de Lima y presidentes de otros países. “Es muy serio lo que está pasando y requiere la seriedad de los ciudadanos para seguir en las calles. Somos mayoría y debemos ejercerla en la calle.

Cuando comencé esta lucha, en el movimiento estudiantil, no tenía inmunidad parlamentaria y así enfrentamos una y otra vez a la dictadura. Si el régimen se atreve a secuestrarme, si alguien de la Fuerza Armada se atreve a dar un golpe de Estado, estaría atentando contra el país. Las Fuerzas Armadas tienen una decisión que tomar, tienen todos los elementos en la mesa”.

Además, volvió a llamar a los ciudadanos a participar este sábado en una masiva protesta en todo el país, que ha explicado como un simulacro de la llamada Operación Libertad con la que pretende presionar a Nicolás Maduro para que salga de Miraflores. “Pase lo que pase, seguimos”, aseguró.

La persecución desde el aparato judicial del chavismo ha sido en cámara lenta. A finales de enero se ordenó el congelamiento de sus bienes y cuentas y se le prohibió la salida del país. La semana pasada la Contraloría, organismo encargado de fiscalizar las finanzas públicas, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años.

El lunes el Supremo dictó una sentencia en la que solicita a la Asamblea Nacional Constituyente revocar la inmunidad parlamentaria del líder político por haber “quebrantado” una sentencia de prohibición de salida de Venezuela, lo que lo despojaría de cualquier protección frente a un posible juicio y arresto, y le impuso una multa por 200 unidades tributarias (unos 3 euros). La víspera

La comunidad internacional que ha dado respaldo a Guaidó se ha anticipado a los planes del chavismo rechazando la medida. El ministro de exteriores español, Josep Borrell, escribió este martes en su cuenta de Twitter: “España continúa demandando que se respeten la libertad e integridad física del presidente encargado, que se restauren las competencias de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y que se preserve el fuero de los diputados”.